“Hay que pensar en un proceso que permita a la Justicia llegar a tiempo”

El saliente presidente de la Corte santafesina consideró que éste fue un año de avances en el Poder Judicial, anunció planes en marcha para acelerar procedimientos; admitió “asimetrías regionales” en el funcionamiento del sistema procesal penal y sostuvo que el Tribunal ya se pronunció sobre la autonomía de fiscales y defensores, aunque consideró necesarios los controles.

“Hemos matado la delegación de funciones, que es una lesión enorme a la independencia judicial. La independencia es una garantía del ciudadano, no un privilegio de un juez”.

Foto: Flavio Raina

Emerio Agretti

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—Por primera vez, este año le tocó desempeñarse como presidente de la Corte. ¿Qué balance puede hacer?

—La experiencia es por demás positiva, y el balance es satisfactorio. Nosotros, cuando fue la inauguración del año judicial a principios del 2017, fijamos algunas metas, y hemos alcanzado prácticamente el más alto porcentaje. En primer lugar, porque hemos logrado instalar una discusión para mí trascendente, que se ha traducido en algunos convenios y proyectos de ley, y que tiene que ver con la necesidad de repensar los sistemas de organización judicial, las estructuras judiciales los procesos de trabajo de gestión e incluso los modos de litigación. En esto, y con los reparos que a mí parecer merece (porque hay inconvenientes en algunas regiones), en alguna medida el modelo de sistema de enjuciamiento penal nos proporciona herramientas como para tener en cuenta. Es decir, la idea de pensar en un proceso que permita a la Justicia llegar a tiempo, que es el gran problema que ha tenido históricamente la Justicia. Y la Justicia no puede llegar a tiempo si no suprime la cultura del trámite, esta vieja matriz colonial que es el expediente escrito, y la reemplaza por un sistema de audiencias públicas y orales en secuencias temporales mucho más cortas. En esos aspectos, la experiencia ha sido positiva, porque ya el proyecto de reforma laboral se está discutiendo y estas orientaciones están siendo tenidas en cuenta.

—¿Y en el plano civil y comercial?

—Hemos celebrado un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación y a partir del 12 de marzo de 2018 estaremos implementando una prueba piloto en un juzgado de distrito civil de Rosario y Santa Fe en donde se va a implementar sin modificación normativa un proceso con dos audiencias. Una preliminar, que va a buscar inicialmente la conciliación de las partes o algún tipo de acuerdo. En el caso de que esto no ocurra, el juez va a fijar allí cuál es el objeto concreto de la litis, de modo que la prueba se circunscriba exclusivamente a eso, y va a proceder a admitir o rechazar la prueba fijando una segunda audiencia de vista de causa dentro de los 90 días como máximo. Ahí se produce la prueba, se hacen los alegatos y pasa el asunto a resolución. Nos parece una experiencia notable, que va en paralelo con las reformas que se están buscando en el Código Civil y Comercial, y que yo creo que va a redundar en un acortamiento de lo que es la trazabilidad de los procesos. La reducción del tiempo va a ser significativa.

—¿Por qué cuesta tanto acelerar los tiempos de la Justicia?

—Si uno no ataca la base misma de sustento del sistema de organización de estas estructuras, que tiene muchos años, es difícil que aún cambiando leyes se pueda llegar a resultados positivos. Yo siempre digo, y cito a Einstein: “Si al mismo problema se le busca la misma solución, el problema subsiste”. Me parece que tenemos que estimularnos para buscar otras alternativas. Y en esto hemos contando también con el apoyo de los Colegios de Magistrados, de Abogados, se ha formado una conciencia en nuestra provincia (que es una provincia con un Poder Judicial respetable, y en términos comparativos con el resto del país, muy considerado, con buenos niveles de institucionalidad). Hemos logrado concientizar en el sentido de buscar soluciones radicales que permitan resolver problemas estructurales, que no son culpa de juez en particular o no, sino que tiene que ver con un sistema programado para que el expediente fuera de un lado para el otro, subiera, bajara. Por otra parte, hemos intentado una racionalización de recursos internos. Esto no es fácil, porque tenemos estructuras muy rígidas, y es otro de los problemas del sistema judicial: la estructura rígida a veces impide redistribuir los recursos de una manera más redituable. Nosotros hemos llegado a varios consensos, y hemos generado un reaprovechamiento de recursos, reasignándolos a los fueros donde hacían más falta.

—¿Los mayores problemas están en el fuero laboral?

—Es un fuero complicado, al que tenemos que prestarle atención. En primer lugar, cubriendo las vacantes que existen, y en segundo orden tratando de avanzar en alguna medida en este proyecto de reforma que tiene mucho consenso y que yo creo que va a permitir resolver muchos problemas. Porque no sólo prevé una incorporación importante de médicos -que van a depender directamente del tribunal a los efectos de las pericias-, sino que también se establece una secuencia de proceso, que va a permitir dar una respuesta más a tiempo.

—¿También hay falencias de infraestructura?

—Tenemos en marcha un plan muy ambicioso, que abarca toda la provincia; especialmente los lugares del interior que tenían muchos problemas. El nuevo centro de Justicia para Reconquista, el edificio para Santa Fe, defensorías civiles en Rosario, Secretarías de Violencia Familiar en muchos distritos; hay muchas obras. Sobre todo pensando en la atención de la gente. La Corte siempre ha sostenido la necesidad de desarrollar una sensibilidad para con los problemas de quienes acuden a tribunales, que necesitan ser bien tratados, respetados, y tener una respuesta en un tiempo razonable.

El nuevo sistema penal

—¿Está satisfecho con el desenvolvimiento del actual sistema procesal penal? Porque hay quienes apuntan que la cantidad de casos resueltos es muy escasa.

—Este tipo de sistemas se consolida a diez años. Nosotros vamos a cumplir cuatro. Es un proceso muy incipiente y evidentemente tal vez lo que nos faltó es generar una fuerte coordinación y monitoreo de la implementación del sistema. Porque el balance general es muy positivo, por algunas cuestiones centrales: hemos transparentado la función judicial, hemos matado la delegación de funciones, que es una lesión enorme a la independencia judicial. La independencia es una garantía del ciudadano, no un privilegio de un juez. El ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez. Y en muchas regiones hemos logrado desburocratizar muchísimo, y se ha lograr un avance muy importante en los plazos y la cantidad de casos resueltos. Claro que hay problemas, y uno de los principales es el de las tremendas asimetrías regionales que tenemos. Es decir, no está funcionado la reforma del mismo modo en el total del territorio provincial. Por caso, Rosario concentra el 53 ó 54 por ciento de los casos penales de la provincia y nosotros estamos trabajando permanentemente para que vayan aumentando los niveles de respuesta. En términos relativos es la región donde más casos se han resuelto, pero tengamos en cuenta que en Rosario y Santa Fe estamos trabajando con cerca de ocho o nueve vacantes de cargos de jueces, que afortunadamente se van a cubrir ahora. Esto va a permitir potenciar los niveles de producción de audiencias, tanto en Rosario como en Santa Fe. Las asimetrías regionales lo que requieren es tratar de homogeneizar. Nosotros hecho muchas reuniones en todas las circunscripciones, estamos buscando establecer algunos estándares. Por eso, estamos fijando metas, de modo que empiece a aumentarse la agenda de audiencias preliminares, la agenda de juicios, comience a acortarse el tiempo entre estas audiencias, y fundamentalmente estamos trabajando en evitar las distorsiones prácticas, no burocratizar el sistema. Es el gran desafío de la Justicia penal. Pero repito, a casi cuatro años el balance, sigue siendo positivo.

—Pero con cuestiones pendientes...

—Lo importante es conocer los riesgos y los desafíos que la implementación de esta reforma plantean, y tratar de gestionar los que aparecen y no son conocidos. Estamos tratando de generar algún tipo de acuerdo interinstitucional con la Defensa Pública y el Ministerio de la Acusación y el Colegio de Jueces, a los efectos de poder ir monitoreando la implementación y los problemas. Esto no implica intervenir en las decisiones de los jueces y en la actividad de los fiscales, en cuya independencia nadie puede entrometerse. Lo que tenemos que generar es un mecanismo de control de gestión que nos permita asegurar el éxito de la reforma. Yo tengo dos formas de comparar o medir el balance del sistema penal nuevo. Uno es una forma muy poco ortodoxa, que es compararla con el sistema anterior. Aún con todos los problemas, si se comparan los sistemas, cualquier indicador muestra al actual sistema por encima del anterior. Lo ha superado notablemente. Lo que ocurre es que la verdadera forma de evaluar el sistema es definir los objetivos institucionales que tiene la Justicia penal, y establecer los indicadores para medir el grado en que se alcanzan. En eso estamos trabajando, y en algunos de esos objetivos en la mayor parte de la provincia hemos alcanzado la meta.

—¿Cuáles son esos objetivos?

—Garantizar los derechos de los ciudadanos, garantizar los niveles de respuesta para reducir la impunidad y evitarla. Tenemos muchas herramientas para resolver casos que no son necesariamente el juicio oral. Tenemos también el desafío de romper un poco la selectividad con la que funciona el sistema penal, y en algunas regiones hemos avanzado mucho en los delitos patrimoniales, que antes no eran muy considerados. Tenemos que reducir los niveles de prisión preventiva: ha aumentado el número de presos, pero se ha bajado el número de presos preventivos, y es algo para destacar. Es más rápida la respuesta. Nos quedan deudas pendientes para alcanzar los objetivos, como lograr la desburocratización absoluta del sistema. Estamos trabajando en eso, y ha habido un nivel de compromiso muy importante de jueces, funcionarios, de la oficina de gestión, fiscales, defensores. Y nosotros en ese sentido tratamos de dar respaldo y señales claras: la Corte apoya firmemente este tipo de reforma.

Controles

—Generaron mucha controversia los cambios legislativos orientados al control de los fiscales. ¿Qué opina de eso?

—Esto fue considerado cuando se planteó la institucionalidad de las leyes de la reforma penal, en ese famoso acuerdo de la Corte en donde por mayoría el Tribunal validó las leyes de la reforma. En mi caso, hice un análisis muy pormenorizado en el sentido de que la autonomía funcional de la Defensa y la Acusación es una consecuencia directa del debido proceso constitucional. De modo que, en un sistema acusatorio, si estos organismos no tienen autonomía, obviamente estamos violando el debido proceso. Y eso es un problema de tinte constitucional. Cuál es el alcance de la autonomía, también se trató en este fallo, y uno de los problemas vinculados a eso tiene que ver con la potestad disciplinaria. Los fiscales o defensores, como organismos autónomos, tienen que definir una política de persecución penal estratégica -porque no deben trabajar caso por caso- y una línea de defensa abarcativa. Hoy, la defensa pública está trabajando en materia de ejecución como nunca antes se había visto, no sólo en la defensa de los intereses de los clientes y los imputados que deben asistir, sino también con las condiciones de detención con el cumplimiento de la pena. Si estos organismos no tiene plena autonomía y quedan supeditados en la potestad disciplinaria a un poder externo de manera excluyente, verdaderamente la autonomía se rompe. Fíjense que en el voto de la mayoría, la Corte termina resignando la potestad disciplinaria que le daba la Constitución Provincial; en función del argumento de que, por encima de la Constitución Provincial, la reforma constitucional del ‘94 implicaba consagrar el acusatorio, respetar el debido proceso y, como una consecuencia directa, la autonomía de estos organismos. De modo que a mí me parece que se pueden buscar alternativas para mejorar los tribunales de disciplina que prevén las leyes, pero no es para nada conveniente que esa potestad quede directamente de manera excluyente en un poder del Estado externo.

—Pero sí considera que debe haber algún tipo de control.

—Eso es cierto. Son estructuras que se han ampliado, los fiscales tienen mucho poder y por eso requieren mucho monitoreo y control, hay que evitar casos de mala praxis e irregularidades. Puede darse el caso de que la auditoría pueda estar integrada con representantes de otras entidades u otros organismos. Se puede discutir el tema de la auditoría, de si vale una auditoría interna o si es necesario ampliar, como para que haya otras miradas. Hay formas de generar controles, protocolos de actuación, establecer estándares que deben cumplirse. Pero esto de ningún modo habilita a que el tema disciplinario, que es cuando el hecho ya ocurrió, quede supeditado de manera excluyente a otro poder.

Selección de jueces

—La otra cuestión central es la designación de jueces. Las demoras en la cobertura de vacantes y la calidad del proceso de selección. ¿Cómo ve esta cuestión actualmente?

—En términos históricos hay que reconocer que el Consejo de la Magistratura ha avanzado notablemente. Cuanto menos en los tiempos de cobertura de vacantes y realización de concursos. Lo que ocurre es que había muchas vacantes y concursos pendientes. Pero con la última modificación se ha avanzado mucho en cuanto a celeridad. Este año hemos tenido la cobertura de muchas vacantes. La verdad es que era imprescindible, porque la subsistencia de vacantes genera un resentimiento enorme en el sistema de Justicia, y también es necesario buscar un mecanismo para terminar con la cuestión de los jueces subrogantes. Por ejemplo, tener una lista basada en un orden de mérito, para que frente a una vacante se pueda realizar una cobertura inmediata, y con un juez que tenga estabilidad.