Investigan si hubo abuso en la represión ante el Congreso

Fiscalía posa la lupa sobre lo ocurrido el 14 y el 18 de diciembre pasados, durante el áspero debate parlamentario

Una fiscalía inició una investigación preliminar con pedidos de informes a las tres fuerzas de seguridad que intervinieron en los operativos de las últimas semanas frente al Congreso de la Nación, policías Federal y de la Ciudad de Buenos Aires y Gendarmería, frente a sospechas de abuso en el accionar represivo.

La investigación preliminar la inició la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), que dirige Andrés Heim, y el fiscal general, Miguel Angel Palazzani, y es por los operativos del jueves 14 de diciembre, en el que la Gendarmería tuvo un rol protagónico, y del lunes 18, cuando se terminó aprobando la ley de reforma previsional, en cual estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y luego la Federal.

Ante la Procuvin se presentaron varios organismos de derechos humanos, así como particulares, que denunciaron abuso policial y detenciones arbitrarias. En el último operativo hubo 70 detenidos, que fueron liberados, en el marco de una causa iniciada por el juez federal Sergio Torres, quien estaba de turno.

Por medio de los ministerios de Seguridad porteño y de la Nación, la Procuvin indagó a autoridades de las tres fuerzas federales sobre la organización previa de ambos operativos.

El objetivo es determinar quién o quiénes estaban al mando, las órdenes de servicio, los sistemas de turnos, el servicio de policía adicional, la nómina con la totalidad de efectivos y el equipamiento asignado.

Además, solicitó que aporten las grabaciones de las modulaciones radiales, la nómina de vehículos que intervinieron, como también qué tipo de armamento fue usado para dispersar la protesta, "remitiendo certificados y fecha de vencimiento" (se dio cuenta de que el gas lacrimógeno utilizado por Gendarmería había caducado).

La Procuvin inició la IP (investigación preliminar) a partir de los testimonios que recibió y, en los próximos días, evaluará si realiza una denuncia formal para que un juez designado por sorteo inicie una pesquisa completa.

La sospecha de abuso policial y del mal accionar por parte de la fuerzas de seguridad, en especial la Policía de la Ciudad, forma parte de una causa ya iniciada en el juzgado de Torres.

Torres recibió la comunicación el 18 de diciembre y el día siguiente, más allá de que los 70 detenidos recuperaron su libertad a las pocas horas, pero siguen sujetas a la investigación.

Para avanzar en ese sentido, el juez evaluó que gran parte de las detenciones no tenían fundamento alguno y no eran aquellas personas que las cámaras de televisión habían registrado en la avanzada que arrojó piedras y otros elementos hacia la fila de efectivos que intentaba dispersarlos.

Un caso es el de un indigente que fue detenido en las inmediaciones del Congreso y otros tantos también habrían sido arrestados "al voleo", sin una clara participación en la violenta manifestación.

A eso responde que todos fuesen liberados, pese al estupor de la opinión pública que contrapone esa decisión a la imagen de la lluvia de piedras y destrozos de un grupo de manifestantes.

Sí hay elementos como para sospechar en la planificación o bien participación de algunos de los 70 apresados en los hechos, como la de una persona que daba expresas indicaciones a un grupo de manifestantes violentos.

La visualización de las imágenes y los sumarios policiales que todavía se aguardan ayudarán —especulan fuentes judiciales— a aclarar el panorama.

El juzgado evalúa la existencia de tres grupos: los manifestantes que concurrieron a provocar desmanes y que, previamente, fueron organizados, aquellos que tuvieron una mínima participación pero no estaban coordinados y los que sólo ejercieron su derecho constitucional sin ningún tipo de violencia.

Está claro que estos últimos (la mayoría de los que asistieron el 18 de diciembre) no tendrán ningún tipo de persecución penal, como sí los integrantes de los otros dos grupos.

Mientras la investigación por el abuso policial, así como por la violencia de los manifestantes, sigue su curso, se evalúan los daños producidos en cifras: la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aportó un informe a Torres en el que indicó que los gastos por los destrozos el 18 de diciembre ascienden a 23.381.639 pesos, mientras que los del jueves 14 totalizan 14.350.420 pesos.

El organismo que conduce Gabriel Astarloa presentó un pedido para ser tenido como parte querellante ante Torres. En el texto cita detalladamente los daños, aunque todavía falta una evaluación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.

Las roturas y daños provocados el 18 de diciembre implican una limpieza por 5.616.000 pesos, una reparación de veredas por 6.000.000, una recuperación de espacios verdes por 11.477.639 y blanqueo de graffitis por 282.800.

La estimación de los destrozos no sólo apunta a calificar el delito en función de los mismos, ya que se puede convertir en daño agravado, sino a eventuales demandas civiles.

Organismos de derechos humanos y algunos particulares denunciaron excesos policiales y detenciones arbitrarias