Preocupante: Estado maneja mitad del PBI

Según un informe de IDESA presentado ayer, se espera que el Consenso Fiscal, y las reformas previsional e impositivas corrijan la situación.

Según la Consultora IDESA, el aumento del gasto público en los últimos 10 años fue "exponencial" lo que afectaría, a plena distorsión de los mercados, el manejo de una economía eficiente en el país, y el potencial desarrollo del sector privado. Según el último informe presentado ayer por la consultora, las reformas impositiva y previsional sobre las que avanzará el Gobierno en el próximo año, apuntan en el sentido correcto; pero aún queda lejos la solución de las distorsiones. Las principales conclusiones presentadas por el trabajo son las siguientes.

El crecimiento del gasto público en la última década fue exponencial. Esto realza el rol estratégico del Consenso Fiscal como herramienta para ordenar al Estado. Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente.

Se sancionó como ley al Consenso Fiscal, celebrado entre la Nación y las provincias. Para dimensionar la relevancia y la necesidad de este acuerdo es clave remitirse a la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que: entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI. Entre los años 2007 y 2011 el gasto público total se elevó a 38% del PBI. Entre los años 2012 y 2015 el gasto público total da otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI. Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público.

El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. El crecimiento se observa en los tres niveles de Gobierno, pero fue más intenso a nivel nacional. Es decir que al hipercrecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hipercentralización en el nivel nacional. Esto, contextualizado en una organización federal, potenció el derroche de recursos y el despliegue de un voraz crecimiento de la presión tributaria que además de la Nación incluyó también a las provincias y a los municipios.

El Consenso Fiscal aspira a desandar esta situación. El objetivo es acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios.

Abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el Gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES. Lamentablemente el debate sobre la movilidad previsional demostró cuán lejos se está de generar condiciones propicias para encontrar soluciones. También genera mucha resistencia poner como prioridad al ciudadano y no a los intereses, muchas veces espurios, que operan sobre la gestión pública. Es clave tender a una organización y gestión más empática con el ciudadano y menos permeables a las presiones sectoriales.

Es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana. Pero no explicita que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. Queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales.