El costo de la reforma

El Gobierno afirma que uno de sus principales objetivos es reducir el déficit fiscal de 4,2 a 3,2 por ciento durante el año próximo. Sin embargo, el proyecto de reforma tributaria que ayer aprobó el Congreso continúa por el camino de desfinanciamiento del Estado iniciado a fines de 2015 con la eliminación y reducción de retenciones a las exportaciones. El Ministerio de Hacienda se limitó a estimar que el costo fiscal de la reforma tributaria alcanzará el 1,5 por ciento del PIB en 2022, a razón de 0,3 por ciento por año desde 2018, aunque un informe de Cifra afirma que se trata de una estimación “de mínima” puesto que, por un lado, se basa en una proyección optimista del crecimiento del PIB (de 3,5 por ciento) y, por el otro, no contempla las modificaciones que surgieron tras la aprobación en Diputados, como la eliminación de los incrementos previstos en impuestos internos (bebidas azucaradas y cerveza) y la eximición de Ganancias a cooperativas y mutuales y a las indemnizaciones por despido y retiros voluntarios.

La reforma contempla una reducción de las contribuciones patronales, del impuesto a las Ganancias para las empresas que no distribuyan dividendos, el incremento del pago a cuenta de Ganancias generado por el impuesto al cheque, la eliminación gradual de los impuestos a productos eléctricos y electrónicos y la reintroducción del ajuste por inflación en el balance de las empresas para el cálculo impositivo del impuesto a las Ganancias. En lo que respecta a incrementos en la recaudación se ubican apenas algunos cambios en los impuestos internos al consumo (cuyo alcance fue reducido por las negociaciones para la aprobación de la reforma previsional), extensión del impuesto a las ganancias por rentas financieras obtenidas por las personas físicas residentes en el país (alícuota del 15 por ciento para rendimientos provenientes de instrumentos en moneda extranjera o indexados y otras rentas financieras), y se incorpora el IVA a los servicios digitales (Netflix y Spotify).

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El costo fiscal “de mínima” estimado por el Gobierno (de 0,3 por ciento del PIB acumulado por año) equivale, de acuerdo a las estimaciones del Presupuesto a 37.090 millones de pesos en 2018 y a 172.362 millones entre 2018 y 2021. A esta cifra hay que sumarle el impacto por la reducción y eliminación de retenciones. Si se proyectan las exportaciones para 2018 y 2019 según el Presupuesto de 2018 y se considera la reducción de las alícuotas de 0,5 por ciento mensual en 2018 y 2019 para la soja y derivados, se advierte que el costo fiscal por la quita de retenciones al agro alcanzará a cerca de 56.734 millones en 2018 y 89.739 millones en 2019. A su vez, el costo fiscal en 2016 y 2017 por la baja o reducción de retenciones había sido de 31.014 y 34.801 millones de pesos respectivamente. Eso significa que la quita de retenciones involucrará en total una pérdida de recursos del orden de los 212.288 millones entre 2016 y 2019, sin considerar la quita de retenciones a productos industriales y la minería, sino sólo a las exportaciones de cereales, oleaginosas y derivados. Por último, el informe advierte que el acelerado proceso de endeudamiento también impacta en las cuentas públicas al modificar significativamente la estructura del gasto estatal por el pago de intereses y eventualmente de las amortizaciones del capital.